Los derechos humanos en nuestra vida diaria y comunidad ¿las autoridades los están violando?

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Los derechos humanos son las condiciones que nos permiten alcanzar un estado de bienestar. Estos deben de ser identificables en nuestro día a día, toda vez que las políticas públicas y entorno laboral y social deben de tener un enfoque de derechos humanos actual, es decir, al día de hoy estamos en la cuarta generación de derechos humanos que consideran aspectos como el medio ambiente y a los pueblos indígenas.

En este sentido hay que señalar que los derechos humanos son inalienables, indivisibles, interdependientes y universalidad, los cuales siempre deberán buscar el bienestar de las personas, no solo en el ideal, sino en la práctica. Por lo cual la lente de la búsqueda del bienestar, es decir, el marco normativo y metodológico de los derechos humanos siempre debe de estar puesto en la toma de decisiones y análisis de los detalles para reducir las inequidades de las condiciones de vida de las personas y para dirigir los esfuerzos de manera adecuada y eficiente.

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Un enfoque de derechos humanos requiere soluciones a largo plazo, mientras que un enfoque de necesidades es simplista y “maquillado”, pues genera acciones con una respuesta inmediata pero que al ser aplicada puede causar otros problemas, sin haber resuelto el original.

PRINCIPIOS

Los principios o ideas clave para orientar las decisiones, como la participación e inclusión social, deben de estar presentes en todas las etapas de planificación, implementación y evaluación que se lleven a cabo, tomando como referencia las condiciones de igualdad, no discriminación, rendición de cuentas, empoderamiento ciudadano o de los actores incluidos y transparencia.

Por ejemplo, si se quiere reducir la inequidad de los niños y niñas se debe de fomentar y dar las condiciones para que ellos se organicen, no sean sujetos a la intimidación para que puedan participar libremente y hacerlo de manera en que entiendan la información que se les presenta, a través de un lenguaje simple y adecuado para su edad.

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En México tenemos la Consulta Infantil y Juvenil del Instituto Nacional Electoral (INE), que es aplicada a personas entre los 6 y 17 años de edad para conocer su opinión y propuestas sobre diversos temas como violencia, entorno familiar, social, etcétera. El cuestionario está realizado con un lenguaje coloquial. Sin embargo los niños de 6 años tienen un vocabulario muy limitado por lo que suelen preguntar a qué se refiere cuando se les cuestiona si hablan otra lengua. Esto obliga a que un adulto, docente o encuestador, les explique.

Los capacitadores del INE entienden que sus explicaciones deben de carecer de algún juicio de valor, no así todos los docentes. Por lo que si el docente responde que nadie en el salón habla otro idioma, el niño podría contestar con una respuesta que lo haga sentirse parte de “la normalidad”. En ese sentido esa pregunta debería de ser modificada para que el niño, a pesar de tener 6 años, entienda qué es una lengua y así pueda responder sin la intervención de un agente externo que pudiera provocar que el niño se sintiera presionado a responder de cierta manera y no con la verdad.

EMPODERAMIENTO

Para que las personas puedan definir su vida, deben de ser empoderadas, es decir, las personas deben de ganar y tener control sobre su vida y sus capacidades, siendo estas fomentadas para que a través de las mismas puedan reconocer críticamente cuando: se presentan situaciones  inequitativas y/o se obstaculicen sus derechos humanos. Además este empoderamiento les deberá facilitar la identificación de las situaciones que necesiten ser realizadas, e incluso liderarlas. 

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Por parte de las autoridades la evaluación debe de ser ética para rendir cuentas a la población de los resultados obtenidos y así definir políticas, planes y proyectos, de manera transparente, con mecanismos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, para que la ciudadanía pueda conocer y participar en cómo se usan los recursos públicos. De esta manera el principio de rendición de cuentas debe de dotar a la ciudadanía de diversos mecanismos de exigibilidad. Lo que quiere decir que los gobiernos deben de crear instituciones y medios para que los ciudadanos puedan llevar a cabo este ejercicio.

En México algunos de estos mecanismos son: en el Sistema Interamericano la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Convención Americana de Derechos Humanos y, como órganos principales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte); y  a nivel nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la figura del amparo y las acciones colectivas. 

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"Los sujetos con la capacidad de promover una acción colectiva son: el Estado en representación de una colectividad a través de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), así como asociaciones civiles e individuos organizados en un grupo de por lo menos 30 individuos. Por último, las acciones deben ser promovidas ante los jueces civiles federales que tengan competencia en función del domicilio de los afectados." (CNDH; 2018)

No así las encuestas, pues estas son solo una forma de participación ciudadana para conocer su opinión acerca de un tema, más no son un medio para exigir que una autoridad rinda cuentas de manera oficial y que esto derive en un proceso administrativo con consecuencias para el servidor público, en el caso de que haya cometido alguna falta.

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ENFOQUE DDHH

En este sentido, el enfoque basado en los derechos humanos obliga a los individuos a centrar su atención en las condiciones que se ofrecen a las personas para establecer si cumplen con los estándares mínimos que todos los seres humanos merecen, de acuerdo con los tratados y acuerdos firmados por su país y las leyes emanadas de su Constitución.

En este caso un enfoque basado en los derechos humanos en Hong Kong no será el mismo que en Wuhan, a pesar de que los dos sitios están ubicados en China, ya que se atienen a distintas leyes. De ahí que en la primera ciudad se hayan generado diversas protestas desde el año 1997, las cuales han ido en ascenso de frecuencia y violencia en recientes meses, toda vez que sus ciudadanos están próximos a estar completamente atenidos al régimen totalitario chino dado que la transferencia de la soberanía del Reino Unido está llegando a su fin y la reunificación con el resto de China es cada vez más una realidad.

Tampoco será igual el enfoque de derechos humanos que se tenga en México al de Estados Unidos de Norteamérica, aunque los países están suscritos a diversos tratados en común.

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De ahí la importancia en que los agentes sociales, es decir, los promotores de derechos humanos, tengan responsabilidades compartidas para lograr el desarrollo integral y el disfrute del bienestar.

Para ello los agentes sociales deberán de asimilar ciertos roles conforme a sus responsabilidades y obligaciones. Teniendo en cuenta que todo individuo en una sociedad puede incidir en los derechos de otras personas. Mientras que quienes tienen la responsabilidad jurídica de asegurar estos derechos son únicamente las instituciones del Estado.

En este sentido, los agentes sociales deberán de realizar un análisis del contexto, contrastar acciones que se han realizado en otros lugares respecto a dicho tema, consultar la legislación en materia de derechos humanos para evaluar el estado actual de aquello en lo que se quiera incidir, así como proyectar soluciones a largo plazo y no de necesidades inmediatas.

Por ejemplo, si la acción que se quiere llevar a cabo es el abastecer a una comunidad de un servicio como puede ser el de agua o luz, el diseño del programa para hacerlo mediante el enfoque de derechos humanos deberá asegurar que los criterios a evaluar y metas estén enfocadas a que todos los titulares de derechos (todas las personas sin distinción alguna), gocen de las condiciones esenciales para su bienestar, cuenten con acceso de manera eficiente y el beneficio se asegure de manera prolongada.

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Bajo este enfoque, el abastecer de agua a una comunidad, quitándosela a otra implicaría una violación de derechos humanos. Así como dañar el medio ambiente y no tomar en cuenta los usos y costumbres de una población indígena involucrada, al realizar dicha acción. 

Hay que entender que al igual que cambian las administraciones públicas, las leyes y los políticos, también lo hacen las sociedades.

Hace más de 60 años las mujeres en México no podían votar, siendo apenas el 17 de octubre de 1957 cuando dicha situación cambió. Hoy en día son el principal público al que los políticos dirigen sus campañas y discursos, pues representan poco más de la mitad de los votantes y de la fuerza económica en el país, ya que de acuerdo con el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, los negocios de mujeres emprendedoras destinan el 70 por ciento de sus ganancias a su comunidad y familia, en comparación con el 40 por ciento que hacen los negocios emprendidos por hombres. ¡Eso es poder económico y social! ¿Cómo podrían no cambiar las leyes en México, teniendo en cuenta esos datos?

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Entonces, las políticas públicas deben de hacerse bajo el enfoque de derechos humanos que devenga de datos actualizados y de las necesidades de la sociedad de hoy en día, no de lo que los políticos vivieron o soñaron en tiempos anteriores. Cada tiempo tiene sus glorias y lo que antes fue innovador, hoy podría ser retrógrada e incluso un delito.

EVALUACIÓN

En este sentido, los criterios a evaluar  en un enfoque de derechos humanos son: la disponibilidad de recursos para garantizar un derecho; la accesibilidad que tengan todos los titulares de derechos para alcanzar el beneficio buscado, sin discriminación; la aceptabilidad, que implica satisfacer las necesidades de acuerdo con las características demográficas y culturales específicas de las personas; y la calidad, teniendo en cuenta la información disponible más actualizada respecto a lo que se va a realizar.

Asimismo el Estado y sus representantes, es decir, los obligados de los derechos humanos tendrán que difundir correctamente la información para que la comunidad pueda opinar, sin ser discriminada, tomando en cuenta la geografía del lugar y las costumbres o condiciones sociales.

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Ejemplifiquemos esta evaluación con la necesidad de más agua de una comunidad dentro de una gran ciudad, lo que es un día cada vez más común y un derecho humano:

Disponibilidad

¿Cuánta agua hay disponible para esta ciudad? ¿Se está abasteciendo más de lo que le corresponde o menos?

La disponibilidad de agua es baja para esta y todas las comunidades de la ciudad.

Accesibilidad

¿Los pozos cercanos pueden abastecer también a esta comunidad? ¿Qué modificaciones se les tiene que hacer a los pozos para que funcionen adecuadamente? ¿La captación de agua de lluvia es un sistema opcional? ¿Los camiones pipa son suficientes ara abastecer a esta comunidad?

Aceptabilidad

¿La comunidad estaría dispuesta a complementar su servicio con pipas o captación de agua de lluvia?

Calidad

La contaminación en la zona hace imposible tener buena calidad de agua a través de la captación por lluvia.

El agua llevada por las pipas es de mala calidad.

El agua potable que se abastece actualmente es de buena calidad pero con baja presión y la cantidad es insuficiente para las necesidades de los residentes.

Los operadores del servicio de pipas han sido acusados de corrupción en el abasto del servicio.

Los trabajadores del Organismo del Agua local que se encargan de reparar los pozos han sido acusados de ineptos y de robar piezas de los pozos.

 

La necesidad de más agua de esta comunidad podría ser solucionada de manera inmediata con el servicio de pipas, pese a las críticas ciudadanas, pero bajo un enfoque de derechos humanos se requeriría una solución a largo plazo, que sería: perforar un nuevo pozo; reparar y dar mantenimiento a la infraestructura actual; capacitar, evaluar y monitorear a los trabajadores a fin de sacar a los malos elementos; así como renegociar el convenio de agua del municipio.

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¿Cómo saber que se está violando u obstaculizando un derecho?

Los titulares de derechos (todas las personas) deben de identificar si los titulares de obligaciones están fallando en hacer efectivo el marco normativo-administrativo de un derecho.

Esto lo podemos ejemplificar con el derecho de los niños y niñas en México de recibir educación. En este caso el Estado fallaría si construyera una escuela pero no destinara recursos para el personal docente y administrativo, o si la escuela solo admitiera a estudiantes de un determinado género.

Para concluir, debemos entender que todos somos sujetos a los derechos humanos y podemos incidir en que estos no sean violados. Siendo el Estado y sus representantes los obligados en hacerlos cumplir, de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, así como a los pactos internacionales a los que se haya adherido mediante la firma y ratificación.

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Por eso los titulares de obligaciones deben crear y facilitar los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos puedan exigirles un cumplimiento eficiente y la rendición de cuentas.

Entendiendo esto, ¿crees que en tu comunidad se han realizado acciones bajo el enfoque de derechos humanos vigente en México? ¿Conoces los pactos vigentes firmados por México, las leyes del país, la constitución de tu estado o siquiera el Bando Municipal de tu municipio? ¿Sabes cómo o dónde consultar estos documentos? ¿Alguna vez has detectado una violación de derechos humanos o falla en las políticas públicas? De ser así, ¿sabes cómo denunciarlo? ¿Conoces los mecanismos para exigir a las autoridades de tu municipio, estado o del país que rindan cuentas?

Finalmente y como un ejercicio personal, aplica los criterios de evaluación para el enfoque de derechos humanos que fueron ejemplificados en el caso ficticio del abastecimiento de agua potable a una comunidad, a alguna obra o política pública realizada en tu comunidad. ¿Crees que los titulares de obligaciones tomaron en cuenta a tu comunidad o tuvieron un enfoque de derechos humanos? ¿Intentaste exigirles que rindieran cuentas?