La organización Las Constituyentes Feministas llevó a la Cámara de Diputados federal la propuesta de iniciativa #3de3vsViolencia, que plantea que las personas que sean deudores de pensión alimenticia, agresores por razón de género o hayan cometido acoso, no puedan ocupar cargos públicos.
La iniciativa es una propuesta que toma como referencia los estándares de la ética y honorabilidad para poder ser funcionario público, como los establecidos por la Organización de Estados Americanos (OEA), que fijan la probidad como requisito.
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La iniciativa fue planteada a legisladores durante el 5º Conversatorio Virtual#3de3vsViolencia, misma que podría ser presentada en la primera sesión del próximo periodo ordinario.
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