La novena edición del Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), arrojó los estados menos violentos, los crímenes más cometidos, así como un análisis que indica que la paz en México mejoró un 0.2% en 2021, siendo éste el segundo año consecutivo de mejora después de cuatro años consecutivos de deterioro. Veintitrés estados mejoraron, mientras que nueve se deterioraron. Aunque solo nueve estados empeoraron, el deterioro en estos estados fue lo suficientemente grande como para casi contrarrestar las mejoras en otros estados.
En 2021, tres de los cinco indicadores del IPM mejoraron. Tanto los delitos cometidos con armas de fuego como el homicidio han mejorado, con tasas que cayeron un 6.2% y un 4.3%, respectivamente; ambos alcanzaron una tasa cercana a 26 por cada 100,000 habitantes. Esto marca el segundo año consecutivo de mejora para ambos indicadores luego de pronunciados aumentos entre 2015 y 2018.
Sin embargo, las tendencias a más largo plazo indican un marcado deterioro de la paz entre 2015 y 2021. La paz en México se ha deteriorado en un 17.1%, con muchos indicadores de delitos significativamente más altos que hace siete años. La tasa de homicidios en 2021 fue un 76.3% más alta que en 2015. Si bien la tendencia de los homicidios ha mejorado en los últimos dos años, estos se mantuvieron en niveles históricamente altos en 2021, con 26.6 muertes por cada 100,000 habitantes, o más de 34,000 víctimas. Esto equivale a aproximadamente 94 homicidios por día.
NARCOVIOLENCIA
Tanto los indicadores de crímenes de la delincuencia organizada como los de delitos con violencia se deterioraron a los niveles previos a la pandemia en 2021 después de mejorar el año anterior. Los deterioros en el indicador de los crímenes de la delincuencia organizada estuvieron impulsados por aumentos en las tasas de extorsión y de los delitos de narcomenudeo, que aumentaron 11% y 6.2%, respectivamente. En 2020, el indicador de delitos con violencia fue uno de los más impactados por las restricciones impuestas a las actividades cotidianas a causa de la pandemia de COVID-19, con una fuerte caída de las tasas de asalto y robo. El deterioro en los delitos con violencia en 2021 probablemente esté asociado con el levantamiento
de las medidas de salud pública y el regreso a los niveles de movilidad previos a la pandemia. Además, el deterioro de los delitos con violencia también estuvo impulsado por aumentos continuos en los casos de violencia familiar y violencia sexual.
Los crímenes de la delincuencia organizada siguen siendo el principal impulsor de los homicidios y a violencia con armas de fuego en México. Se estimó que aproximadamente dos tercios de los homicidios estuvieron relacionados con actividades de la delincuencia organizada en 2021. Desde 2015, la tasa de crímenes de la delincuencia organizada se ha deteriorado en un 48.1%, lo que se atribuye principalmente a un fuerte aumento del 139% en los delitos de narcomenudeo durante el mismo período.
La violencia reciente en México está vinculada a cambios en el panorama de los crímenes de la delincuencia organizada caracterizados por la expansión territorial rápida y violenta de ciertos cárteles más grandes, predominantemente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como la proliferación de grupos delictivos más pequeños y la diversificación de la actividad delictiva. También ha habido cambios importantes en el tipo de drogas que las organizaciones delictivas mexicanas han movido a nivel internacional en la última década, ya que el tráfico de marihuana ha caído en picada, mientras que el tráfico de fentanilo ha aumentado considerablemente.
HUIR PARA SOBREVIVIR
Las personas que huyen de sus hogares en busca de mayor seguridad se han convertido en un tema de mayor preocupación en México durante el último año. Este es el caso tanto de los mexicanos que han sido desplazados internamente por la violencia como de los cientos de miles de migrantes internacionales que pasan o permanecen en México para escapar de la pobreza y la violencia en sus países de origen. En 2021, hubo aumentos sustanciales en ambas categorías de personas desplazadas.
En cuanto a los ciudadanos mexicanos desplazados por la violencia, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) rastrea eventos de desplazamiento a gran escala. Según sus registros, tales eventos implicaron el desplazamiento de al menos 117,301 personas en los últimos seis años, con al menos 44,905 personas desplazadas solo en 2021. Aproximadamente dos tercios de los desplazamientos se debieron a la violencia provocada por grupos armados organizados como los cárteles de droga, mientras que alrededor de un tercio se debió a la violencia asociada al conflicto político, social y territorial.7 Ambas formas de violencia afectan de manera desproporcionada a las comunidades indígenas y rurales.
Entre 2016 y 2020, más del 97% de los desplazamientos registrados ocurrieron en solo seis estados: Guerrero, Chiapas, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua y Oaxaca. Los dos estados que registraron la mayor cantidad de desplazamientos, Guerrero y Chiapas, tenían más probabilidades de verse afectados por conflictos políticos, sociales y territoriales, mientras que en otros estados era más probable que la violencia estuviese causada porgrupos armados organizados.
Los desplazamientos se dispararon en agosto de 2021, momento en el que, según los informes, 10,475 personas huyeron de sus hogares. Casi la mitad de estos desplazamientos ocurrieron en un
solo municipio, Tepalcatepec en Michoacán, debido a que el CJNG lanzó una ofensiva violenta contra los residentes y las fuerzas de la Guardia Nacional. Además, este tipo de violencia ha provocado
desplazamientos masivos en estados donde antes los eventos de desplazamiento eran poco frecuentes, como Zacatecas. Por ejemplo, en el municipio de Jerez en Zacatecas, la violencia entre
el CJNG y el Cártel de Sinaloa llevó a alrededor de 1,500 personas a huir de sus hogares a mediados de 2021, dejando al menos un pueblo abandonado.
LOS ESTADOS MÁS VIOLENTOS Y LOS MENOS
Los estados que registraron los mayores deterioros en sus tasas de homicidios, como Baja California, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, fueron escenario de continuos conflictos entre cárteles. La violencia con armas de fuego tiende a ser más intensa en estos estados, donde múltiples organizaciones delictivas compiten por el territorio y las rutas clave del narcotráfico. Las muertes atribuidas a los conflictos de cárteles aumentaron de 669 en 2006 a más de 16,000 en 2020.
A medida que la violencia causada por los crímenes de la delincuencia organizada se intensificó en partes del país, hubo un aumento marcado en el número de personas desplazadas por la violencia en 2021. Desde 2016, más de 117,000 personas fueron desplazadas internamente, y al menos 44,905 de esos desplazamientos ocurrieron en 2021. La mayoría de estos desplazamientos se dieron en Guerrero, con más de 21,800 desplazamientos, seguido de Chiapas y Michoacán con más de 14,900 y 12,900 desplazamientos, respectivamente.
Yucatán volvió a ser el estado más pacífico de México, seguido de Tlaxcala, Chiapas, Campeche e Hidalgo. En contraste, Baja California se ubicó como el estado menos pacífico de México por cuarto año consecutivo, seguido de Zacatecas, Colima, Guanajuato y Sonora. Como reflejo de la gran divergencia en los niveles de violencia en todo el país, la tasa promedio de homicidios en los cinco estados menos pacíficos de México fue de 73 por cada 100,000 habitantes, en comparación con 8.2 por cada 100,000 en los cinco estados más pacíficos.
La mayor mejora en la paz en 2021 se presentó en Colima, Chihuahua, Tabasco, San Luis Potosí y Sinaloa. En contraste, Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Morelos y Michoacán registraron los mayores deterioros. En particular, estos cinco estados han sido testigos de una incursión del CJNG en los últimos años.
PERIODISTAS, POLÍTICOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD
El asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad, figuras políticas y periodistas sigue siendo una gran preocupación en México. Más de 400 policías fueron asesinados en 2021, siendo la mayoría (52%) policías municipales, seguidos de la policía estatal, con el (39%), y miembros de fuerzas federales, con el (9%). La violencia contra políticos y candidatos también se intensificó en el período previo a las elecciones de mitad de mandato en México en junio de 2021, con 102 políticos y candidatos asesinados entre septiembre de 2020 y principios de junio de 2021. El 90% de los políticos y candidatos asesinados pertenecían a un partido diferente al del alcalde.
México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser periodista. Desde 1994, 142 periodistas y trabajadores de los medios fueron asesinados, y la mayoría de estos asesinatos no fueron procesados. Durante de los tres primeros meses de 2022, siete periodistas y trabajadores de los medios han sido asesinados en México. La mayoría de los periodistas asesinados en las últimas décadas cubrían temas relacionados con los crímenes de la delincuencia organizada, corrupción y política.
HOMICIDIOS DE HOMBRES Y MUJERES
En los últimos siete años, las armas de fuego se han convertido en el principal medio para cometer homicidios en contra de hombres y mujeres en México. Entre 2015 y 2021, la proporción de homicidios de hombres cometidos con arma de fuego aumentó del 60.9% al 71.3%, mientras que la proporción de homicidios de mujeres con arma de fuego se incrementó del 37.8% al 56.8%. Aunque el abrupto aumento general de los homicidios de hombres sigue las tendencias de los crímenes de la delincuencia organizada, los homicidios de mujeres tienen una relación más débil con los patrones de los crímenes de la delincuencia organizada, muchos de los cuales se derivan de la violencia de pareja. Según los datos disponibles, casi uno de cada cinco homicidios de
mujeres ocurre en el hogar, en comparación con uno de cada 13 homicidios de hombres.
EL COSTO DE LA VIOLENCIA
Se estima que el impacto económico de la violencia en México fue de 4.9 billones de pesos (US$ 243 mil millones) en términos constantes en 2021, lo que equivale al 20.8% del PIB de México. Sobre una base per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 38,196 pesos (US$ 1,884), aproximadamente 2.5 veces el salario mensual promedio. El impacto económico de la violencia mejoró por segundo año consecutivo en 2021, disminuyendo un 2.7%, o 137 mil millones de pesos, con respecto al año anterior. En 2021, la disminución de los delitos como el homicidio, el secuestro y el robo favorecieron la mejora en el impacto económico. Además, el gobierno mexicano redujo el gasto en seguridad pública y el sistema judicial en 8.5% y 3.3%, respectivamente, lo que contribuyó al menor impacto general. Por el contrario, el gasto militar aumentó un 14.7% a casi 167 mil millones de pesos, el nivel de gasto más alto registrado. El impacto económico de la violencia sexual registró el mayor deterioro porcentual de todos los indicadores, aumentando un 16.9% respecto al año anterior.
PAZ POSITIVA
La Paz Positiva se define como las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas . Los mismos factores también conducen a muchos otros resultados socioeconómicos deseables. Los niveles más altos de Paz Positiva están estadísticamente vinculados a un mayor crecimiento de los ingresos, mejores resultados ambientales, niveles más altos de bienestar, mejores resultados de desarrollo y una mayor resiliencia.
La Paz Positiva se basa en ocho factores clave, o pilares, que describen el funcionamiento del sistema socioeconómico:
- Buen funcionamiento del Gobierno. Un Gobierno que funciona bien proporciona servicios públicos y civiles de alta calidad, genera confianza y participación, demuestra estabilidad política y defiende el estado de derecho.
- Entorno empresarial sólido. La fortaleza de las condiciones económicas así como de las instituciones formales que apoyan el funcionamiento del sector privado. La competitividad empresarial y la productividad económica están asociadas a los países más pacíficos.
- Distribución equitativa de los recursos. Los países pacíficos tienden a garantizar la equidad en el acceso a recursos como la educación, la salud y las oportunidades económicas.
- Aceptación de los derechos de los demás. Los países pacíficos a menudo tienen leyes formales que garantizan los derechos humanos y las libertades básicas, y las normas sociales y culturales informales que se relacionan con el comportamiento
de los ciudadanos. - Buenas relaciones con los vecinos. Las relaciones pacíficas con otros países son tan importantes como las buenas relacionesentre grupos dentro de un país. Los países con relaciones externas positivas son más pacíficos y tienden a ser más estables políticamente, tienen Gobiernos que funcionan mejor, están integrados regionalmente y tienen niveles más bajos de conflicto interno organizado.
- Libre flujo de información. Los medios de comunicación libres e independientes difunden información de una manera que conduce a un mayor conocimiento y ayuda a las personas, las empresas y la sociedad civil a tomar mejores decisiones. Esto conduce a mejores resultados y respuestas más racionales en tiempos de crisis.
- Altos niveles de capital humano. Una base de capital humano calificado refleja la medida en la que las sociedades educan a los ciudadanos y promueven el desarrollo del conocimiento, lo que mejora la productividad económica, la atención a la juventud, la participación política y el capital social.
- Bajos niveles de corrupción. En las sociedades con altos niveles de corrupción, los recursos se asignan de manera ineficiente, lo que a menudo conduce a una falta de fondos para servicios esenciales, así como disturbios civiles. Un nivel bajo de corrupción puede mejorar la confianza en las instituciones.
La Paz Positiva se ha deteriorado un 1.1% en México durante la última década, en contraste con una mejora del 2.7% en la calificación regional promedio de América Central y el Caribe. Delos 12 países incluidos en esta agrupación, México fue uno de los cuatro que se deterioró en cuanto a la Paz Positiva entre 2009 y 2020. Esto indica que México se ha vuelto menos resiliente que hace diez años, tanto en términos absolutos como en relación con sus contrapartes.
¿QUÉ HACER?
El análisis del IEP detecta que México debe aumentar su gasto en el sistema judicial penal para abordar la violencia de manera efectiva. En 2021, el gasto de México en seguridad pública y el sistema judicial fue igual al 0.63% del PIB, el menor de cualquier país latinoamericano o miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, el gasto en seguridad pública disminuyó un 37.2% entre 2015 y 2021, después del ajuste por inflación, mientras que el gasto en el sistema judicial disminuyó un 7.5% en el mismo período.
Para que dicha inversión sea eficaz, también sería necesario abordar la corrupción institucional. En particular, los ciudadanos mexicanos ven a la policía municipal y al sistema judicial como las instituciones más corruptas, ya que más del 65% de los mexicanos las percibieron como corrruptas en 2021. El análisis sobre el vínculo entre los salarios de los policías, la corrupción y los crímenes de la delincuencia organizada halló que los bajos salarios de los policías juegan solo un papel pequeño en los altos niveles de violencia en México. La violencia en México es el reflejo de un nivel más profundo de corrupción e inoperancia administrativa, que afecta los procesos judiciales y políticos, y facilita las operaciones de las organizaciones delictivas.
La resiliencia socioeconómica de México, medida por la calificación del Índice de Paz Positiva (IPP), se ha deteriorado en un 1.1% desde 2009. Esto contrasta con una mejora global promedio del 2.4%. La Paz Positiva es una medición de las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas. A nivel nacional, el deterioro de México desde 2009 ha estado impulsado por deterioros en tres pilares de Paz Positiva: buen funcionamiento del gobierno, bajos niveles de corrupción y buenas relaciones con los vecinos. A nivel estatal, los altos niveles de corrupción y la mala gobernanza se relacionan con los delitos y la violencia desde el punto de vista estadístico.
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Las respuestas políticas a la pandemia de COVID-19 también han tenido un impacto significativo en la Paz Positiva en México. El pilar entorno empresarial sólido se deterioró un 2.1% entre 2019 y 2020, lo que refleja fracasos comerciales, desempleo y licencias de trabajadores como resultado de los cierres y las medidas de distanciamiento social. La desigualdad económica también aumentó, con un deterioro del 2.6% del indicador exclusión por grupo socioeconómico del pilar aceptación de los derechos de los demás. Las estrategias efectivas de construcción de paz deberán considerar múltiples dinámicas e interacciones, y los pilares de la Paz Positiva brindan una perspectiva sistémica para analizar los problemas sociales que enfrenta el país. Combatir la corrupción y la ineficiencia empresarial, gubernamental e institucional no solo reduciría la impunidad y los delitos, sino que también liberaría fondos y recursos para inversiones muy necesarias. Además, mostrar y replicar historias exitosas de programas de construcción de paz y resiliencia podría llevar a México a un círculo virtuoso hacia niveles más altos de paz.
Fuente: Instituto para la Economía y la Paz. Índice de Paz México 2022: identificación
y medición de los factores que impulsan la paz, Sídney, mayo de 2022.
Imagen portada: Mapa paz positiva - IEP
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