El Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró el 8 de octubre que un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano y exhortó a todos los Estados a trabajar juntos, en conjunto con otros actores, para implementarlo.
La resolución que estableció esta garantía fue aprobada con 43 votos de apoyo y cuatro abstenciones: Rusia, China, India y Japón. Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza auspiciaron el texto.
El Consejo también estableció, en una resolución separada, una nueva relatoría dedicada específicamente al impacto del cambio climático en los derechos humanos. Al respecto hay que señalar que un tercio de los países del mundo carece de leyes relativas a la calidad del aire en espacios exteriores y las naciones que sí disponen de ellas presentan grandes diferencias y a menudo no se ajustan a las directrices de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el organismo de la ONU para el medioambiente.
Tras la adopción de los documentos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a los Estados a tomar medidas audaces para dar efecto “rápido y real” al derecho a un medio ambiente saludable.
Michelle Bachelet llamó a que la resolución “sirva como trampolín para impulsar políticas económicas, sociales y ambientales transformadoras que protejan a las personas y a la naturaleza”.
Bachelet, quien había solicitado este reconocimiento desde hace tiempo, se mostró complacida por la “histórica” decisión del Consejo y afirmó que el derecho a un medio ambiente limpio “tiene que ver con la protección de las personas y el planeta: el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos”.
“También se trata de proteger los sistemas naturales, que son condiciones previas básicas para la vida y el sustento de todas las personas, dondequiera que vivan”, argumentó, destacando que la declaración de este derecho reconoce claramente la degradación ambiental y el cambio climático como crisis de derechos humanos interconectadas.
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Asimismo, continuó, el texto resalta que los segmentos de la población en mayor situación de vulnerabilidad se ven afectados de manera más aguda.
Para los defensores de los derechos ambientales, Bachelet pidió que los Estados los protejan y empoderen, recordando que el año pasado un número sin precedentes de ellos sufrieron ataques o fueron asesinados.
La directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), por su parte, aseveró que la adopción de la resolución es “un hito decisivo para la justicia ambiental”.
“Este derecho tiene sus raíces en la Declaración de Estocolmo de 1972. Cinco décadas después, es muy alentador ver que se reconozca formalmente a nivel mundial mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, abundó Inger Andersen.
Añadió que la decisión envía un mensaje a los mil millones de niños que corren un riesgo altísimo de sufrir el impacto del cambio climático. “Un medio ambiente sano es su derecho. Nadie puede quitarles la naturaleza, el aire y el agua limpios, ni un clima estable”, acotó.
Andersen se refirió a la resolución como un paso definitivo para transformar al planeta en un hogar seguro y justo para todos.
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La funcionaria sumó su voz a la de Bachelet para recalcar “los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de los defensores de los derechos humanos que trabajan en asuntos ambientales”.
“Las agresiones físicas, las detenciones, los arrestos, las acciones judiciales y las campañas de desprestigio son la cotidianidad de estos grupos de ciudadanos, pueblos indígenas y otros. Sólo en 2020 fueron asesinados más de 200 defensores del medio ambiente”, denunció Andersen.
Imagen portada: Unsplash/Kouji Tsuru
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