Discurso Jorge Carlos Ramírez Marín sobre la consolidación del sistema democrático

Discurso Jorge Carlos Ramírez Marín sobre la consolidación del sistema democrático

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Discurso durante la XII Mesa Redonda "La Justicia Constitucional en el Centenario: ¿es eficaz el modelo actual para la consolidación del sistema democrático?", en la Ciudad de México.

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JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN

Presidente de la Cámara de Diputados

 

Distinguida magistrada presidenta

Distinguidos magistrados;

Querido amigo Felipe Solís Acero, subsecretario:

 

No hubo manera de resistir, estimada presidenta, a aprovechar esta ocasión y hacer un muy, muy, muy breve repaso de algo que siempre ha llamado poderosamente mi atención con respecto a la justicia electoral y la constitucionalidad, que es la resolución de tres preguntas: ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos? Y, sobre todo, ¿a dónde queremos ir?

De dónde venimos me queda muy claro: de aquél 5 de febrero del 17 a ahora, ni siquiera habría que hacer un repaso, habría, si acaso,  que puntualizar algunas cosas:

La primera, en paralelo al cambio, muchas veces violento, que ocurría en nuestro continente, esta Constitución vio guerras mundiales, Guerras Frías, confrontaciones regionales de todo tipo; la saludaba cada vez un luto convulso y esta Constitución sobrevivía, se adaptaba, cambiaba.

Durante la primera mitad del Siglo XX el gran reto democrático, sin lugar a dudas, fue el derecho al voto de las mujeres. Mientras esto ocurría en nuestro país, en otros las luchas se manifestaban de una manera diferente. En el nuestro, de manera pacífica las mujeres conquistaron el derecho al voto y, finalmente, en el 74 se reforma la Constitución para consagrar los derechos de igualdad de las mujeres y los hombres en el artículo 4° constitucional, como si hiciera falta decirlo. Ya en esos momentos, sin lugar a duda, esta igualdad era un hecho.

Desde el 96 se ha venido promoviendo una legislación electoral que les da acceso efectivo a las mujeres en la esfera de toma de decisiones del país, a través del porcentaje del dos o tres por ciento de las prerrogativas de los partidos políticos a la formación de género.

Sería hasta esta segunda década del Siglo XXI, en el 2014, que llegamos a incorporar la legislación electoral, el principio de paridad de género, y vaya que nos ha significado trabajo.

A mediados de los años 60s, la República Federal Alemana tendría el primer gobierno socialdemócrata, como una reacción al socialismo realmente existente, pero también para darle vía a un desarrollo con sentido social. En aquel entonces, todavía estaba en pie el Muro de Berlín, que separaba a las dos Alemanias.

Mientras seis décadas pasaron, dos Guerras Mundiales, Posguerras, etcétera, en esas seis décadas México fue conducido por un solo partido, efectivamente, pero sin lugar a dudas con estabilidad y desarrollo.

El Movimiento Estudiantil del 68 marcó un hito, la irrupción de una exigencia de nuevas formas democráticas.

Nuestra contraparte, el Mayo Francés, los gobiernos antiguerra de Vietnam, y en Alemania, finalmente los democristianos recuperan el gobierno, y en un largo proceso terminaría este, con la caída del Muro de Berlín.

Mientras tanto ¿qué ocurría con nosotros cuando la Unión Soviética daba pasos hacia la Perestroika, al proceso de cambio, de flexibilización; la Gran Bretaña de Margaret Tatcher, entre los 80s y los 90s, la caída de todas las dictaduras militares en América Latina, regímenes más democráticos en la región? A diferencia de muchos países, en México no ha habido golpes de Estado.

La Constitución sólidamente ha establecido que el cambio constitucional de Poder se dé pacífica y legalmente. Esta alternancia se sucedió como resultado de un largo proceso, que de ninguna manera fue lineal.

Una cosa podemos definir aquí: venimos como Estado de derecho, siempre un paso atrás de las exigencias sociales. Cuando el momento, además, se agita, cuando la exigencia se vuelve reclamo, se generaliza, ¿las leyes y las instituciones deben responder? Obviamente sí, pero lo ideal sería que las instituciones pudiéramos anticiparnos a los reclamos y a las exigencias, que al contrario, fuera la ley la que forjara esas exigencias.

Pero, es una pregunta válida, ¿debe ser la ley? En la conclusión se los diré.

Sin duda, somos una sociedad mexicana que mostró ya desde los años sesenta al final, se consolida en los setentas en los ochentas, pero en los noventas era imposible contener. Era una sociedad no solo de una cara y además de multifacética cada cara matizada por condiciones y demandas diferenciadas.

La reforma estructural del setenta y siete, aquella de Reyes Heroles, cierto, trajo el reconocimiento constitucional de los partidos políticos, el financiamiento público, el uso de los medios de comunicación, la nueva composición de la Cámara de Diputados, la existencia de un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia sobre las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados; el cambio, sin lugar a duda, estaba en marcha.

Es importante aquí definir ¿qué entendemos por justicia electoral?, una función del Estado a través de la cual se dirimen y solucionan conflictos surgidos con anterioridad durante o posteriormente a las elecciones.

La justicia electoral es un referente ¿para qué?, para la protección de derechos políticos de ciudadanos y de los partidos políticos. Es también el apego de los actos de autoridad en materia electoral con las disposiciones constitucionales, a las disposiciones constitucionales  y legales.

¿Qué aporta? certeza, ¿Qué abona? confianza; de ahí venimos,  dónde estamos, eso es un poco más difícil de responder. Hemos visto involucrados procesos electorales, juntas empadronadoras, juntas (inaudible), colegios electorales, comisiones de vigilancia, la Suprema Corte, el Tribunal Contencioso Electoral; como organismos autónomos hemos ido del IFE al INE, del Tribunal Federal Electoral al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todo a través de reformas.

Así la compleja mutación de nuestro Sistema Político Electoral se ha llevado a cabo, en orden y pacíficamente. No queda duda que el Sistema de Justicia Electoral en México ha dado pasos considerables en su, podemos decirlo, aún joven vida.

¿Exactamente a dónde vamos? Vamos atrasados, eso lo sabemos, ¿A dónde queremos ir? eso es más interesante, eso sí lo podemos decir. Y ya no solo hablamos de justicia electoral sino de entidades federativas que tienen un papel importante en el sistema de protección de los derechos político electorales.

La autonomía de las instituciones, la transparencia, la rendición de cuentas y las capacidades de respuesta hacia la ciudadanía son aspectos de trascendencia en el ámbito de la justicia electoral de nuestros días, principios fundamentales en el modelo de justicia abierta y rendición de cuentas.

La construcción de una democracia ciudadana, el fortalecimiento de la institucionalidad de los programas sociales, su blindaje electoral, la participación política de los pueblos indígenas, -en donde, por cierto, la participación de las entidades federativas y los municipios es vital- una gobernabilidad democrática con perspectiva de género, todos estos sitos caracterizan el peculiar proceso de desarrollo democrático de nuestro país.

Y en este proceso se fue dando lugar a la conformación tanto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como a la conformación desigual, a su vez, de los tribunales locales de las instancias correspondientes que las entidades federativas se han dado a sí mismas soberanamente. Son las instancias garantes de derechos políticos del libre ejercicio del voto, así como de los derechos y  límites de los partidos políticos.

Ante lo avanzado, no podemos obviar el hecho de lo que falta, hay que lograr que los actos del sistema electoral como todo instrumento institucional son perfectibles, pero lo que necesitamos lograr es que sean reconocidos por la sociedad en dos conceptos: justos e inatacables, por los partidos, no; por lo actores políticos, no; por la sociedad, el conjunto de la sociedad.

Hemos visto como ningún proceso de desarrollo y de organización de la normatividad o de una región, país o regiones es lineal, siempre es complejo, siempre es sinuoso, muchas veces contradictorio, siempre vulnerable. Lo hemos visto  con ejemplos que van desde los efectos de la crisis financiera hasta la elección del presidente norteamericano y sus efectos en conceptos fundamentales como la protección de derechos o la integralidad de la economía.

La eficacia, estimados amigos, es la llave para la consolidación de las instituciones electorales, que brinde certeza, que suscite confianza Estamos ciertos de que para eso, ustedes necesitan mejores leyes. Mejores leyes no significa leyes más restrictivas, sino que permitan la agilidad de los procesos judiciales.

La espiral del espíritu restriccioncita de las leyes electorales hemos visto que no traen como consecuencia directa la confianza que estamos buscando, incluso, generan confusión y, aún más, desconfianza de las autoridades electorales.

Una mayor (inaudible) ciudadana, consciente de sus derechos políticos surgirá no a partir de los tribunales, no a partir de las sentencias, sino cuando los partidos políticos entiendan que no sólo son instrumentos para expresar la voluntad popular por medio de los procesos electorales, sino que también están obligados a forjar ellos mismos esa voluntad en sus formas y en sus contenidos políticos.

Si los partidos políticos sólo abonan a la confrontación, el resultado es falta de confianza; si los partidos políticos, sólo abonan a la división, el resultado será incertidumbre, no importa cuáles fueran las sentencias de los tribunales.

Es un proceso de ida y vuelta entre el sistema de partidos y la organización social y el papel que juegan en este proceso los Tribunales es fundamental, particularmente, entendiéndonos no sólo como la Federación sino también el de la entidades federativas.

En resumen, trabajando juntos es como podemos abonar a la agenda democrática del país, los dos elementos que siguen estando ausentes en ella: la certidumbre y la confianza.

Con ellos, la justicia constitucional electoral va a ser absolutamente efectiva, va a propiciar esta vida democrática que estamos buscando, no solamente, en el derecho al voto, sino en el derecho a gozar de una mejor vida, desarrollar tu propia vocación, integrarte firmemente, consolidadamente, a una comunidad.

Entonces el Tribunal Federal y los tribunales locales, son la clave para la armonía social, son circunstanciales a nuestras perspectivas de un desarrollo incluyente, son vehículos de la democracia en su amplia acepción, que implica oportunidades y justicia para toda la población mexicana.

Los partidos políticos tenemos que abonar a la certidumbre, a la certeza, a la confianza que las resoluciones de los tribunales deben ir generando en la sociedad y construyendo, desde los partidos esa ciudadanía que confía, que asume, como justa e inatacable las resoluciones.

Creo que la garantía del ejercicio de los derechos políticos, como clave para conquistar el conjunto de los derechos humanos, esa es la misión de los tribunales electorales, servidores y servidoras públicas de las instituciones electorales, pero sin duda que hasta hoy podemos sentirnos satisfechos de que caminamos; lo que sigue, es saber exactamente a dónde nos dirigimos y diseñar a dónde queremos dirigirnos.

 

Muchas gracias

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